Los detalles que se han filtrado recientemente sobre algunos proyectos de ley hubieran paralizado la innovación española recortando un 80% su financiación, sino hubiera sido por el ecosistema emprendedor español que mostró su poder y capacidad de resistencia al forzar al gobierno a dar marcha atrás, demostrando así la influencia real de las start ups del país.

La legislación propuesta planeaba limitar las inversiones individuales de las start ups a 3.000 euros al año por proyecto, e impedir inversiones de más de 6.000 euros en una única plataforma cada año. Se esperaba que estas limitaciones se aplicaran tanto para el crowdfunding como para los préstamos P2P.

Aun así, 12 asociaciones españolas de startups unieron sus fuerzas para poner en evidencia el gran daño que provocaría una ley de estas características: a través de estadísticas demostraron que tales medidas limitarían la financiación de las start ups en hasta el 80%, eliminando del ecosistema el 40% de los inversores.

También se unieron a la causa expertos en negocios. En declaraciones a "Crowdfund Insider", el profesor de la Escuela de Negocios IE, Enrique Dans, criticó la propuesta del gobierno al asegurar que "bloquearía el potencial y el desarrollo de un ecosistema financiero y ahogaría la creatividad y las nuevas ideas, lo que, probablemente, desembocaría en una fuga de cerebros a otros países con unas políticas más progresistas".

Pese a que el gobierno ha dado marcha atrás en lo que a las limitaciones se refiere, se mantendrá el tope de 1 millón de euros para los proyectos de crowdfunding y límites para inversores con unos ingresos inferiores a los 100.000 euros: eso significa que los jóvenes David españoles se enfrentan a un reto para cambiar la actitud tradicional del gobierno.